Por: Alberto J. Olvera
México vive hoy una situación paradójica, propia de un cambio de época. Frente a nuestros ojos está muriendo la legitimidad y parte de la materialidad del viejo orden neoliberal semidemocrático implantado en los últimos 30 años, pero aún no nace una alternativa que garantice el crecimiento económico sostenible y la construcción de una democracia auténtica. Nos encontramos entre el viejo orden y la democracia. Este interregno se caracteriza por la confusión política, la postulación de proyectos políticos anacrónicos y la simultaneidad en el tiempo de las luchas de resistencia de los actores políticos y sociales del viejo orden y las nuevas luchas de actores emergentes que carecen aún de proyecto, organización y representación políticas.
En el aniversario de sus primeros 100 días de gobierno, el presidente López Obrador declaró muerto el modelo neoliberal. Sin duda un diagnóstico apresurado pues el neoliberalismo ha dejado una impronta estructural en la economía del país, en las finanzas públicas, en la composición de la sociedad y en la cultura pública. Hay razón al decir que el modelo demostró su obsolescencia, no sólo por cuanto no logró el éxito económico ni instaurar una democracia funcional, sino también porque su ideología dejó de tener legitimidad entre la ciudadanía. El primer anacronismo del momento es pensar que la defensa del modelo neoliberal tal como se implantó tiene sentido. Pero este es sólo un anacronismo discursivo, pues en la práctica el modelo neoliberal y la democracia electoral precaria siguen y seguirán existiendo por un largo tiempo.
En efecto, en treinta años de desarrollo capitalista basado en la integración a Estados Unidos se creó una vastísima y diversificada industria privada, buena parte del gran capital nacional se integró al mercado global, se modernizó la agricultura y los servicios, se privatizó la banca y se facilitó la inversión privada en todos los sectores de la economía. En cambio, la industria petrolera, eje del sector público, cayó en la decadencia productiva, tecnológica y financiera. El peso del Estado en la economía disminuyó, la deuda pública se multiplicó y la capacidad fiscal del sector público quedó gravemente dañada. Es por ello que el proyecto económico del Presidente López Obrador de regresar al desarrollismo estabilizador sobre la base de megaproyectos de infraestructura y rescatando a PEMEX como eje del sector público es económicamente inviable. Este es un segundo anacronismo, espejo del anterior.
El proyecto político de reconstruir el presidencialismo decisionista y un partido hegemónico a imagen del viejo PRI para recomponer el Estado es igualmente anacrónico. El presidencialismo todopoderoso tenía como condición de existencia la operación cotidiana de una vasta red de intermediación corporativa y clientelar, además del control absoluto sobre los gobiernos estatales y sobre los poderes legislativo y judicial. Aunque el presidente López Obrador avanza en todos esos frentes, carece de poder económico y político suficiente para sostener ese proyecto a mediano y largo plazo. La sociedad es hoy mucho más compleja y diversa y ya no puede acomodarse en moldes corporativos. El clientelismo que facilitarán los nuevos programas asistencialistas no será suficiente para construir bases electorales duraderas. Los megaproyectos desarrollistas generarán una tremenda resistencia social que retrasará su implementación. Y, sobre todo, ya no es posible acallar la crítica ni ocultar la verdad como antes, pues veinte años de democracia electoral trajeron como consecuencia el surgimiento de una esfera pública crítica, plural y no controlable. Esta fue la parte positiva del proceso.
Ciertamente, la parte negativa tuvo consecuencias dramáticas: la fragmentación del poder y el colapso de las instituciones estatales, lo cual no sólo vació la capacidad del Estado para cumplir sus funciones elementales, sino que abrió espacios para el crecimiento de la delincuencia organizada y desató la espiral de violencia criminal que padecemos. Pero también en este punto el diagnóstico del gobierno es errado. Las instituciones estatales no se reconstruirán por arte de magia gracias a que el presidente no es corrupto. Se requiere un largo proceso de fortalecimiento de todos los niveles del gobierno, tarea urgente que hasta ahora no aparece en la agenda de la “cuarta transformación”. Grave, pues no se controlará la violencia con mera política social y crecimiento económico, sino con instituciones de seguridad y justicia profesionales; no habrá salud y educación dignas sin recursos, planes realistas y contratación de profesionales. No habrá control de la corrupción sin una burocracia competente y bien pagada y sin participación ciudadana autónoma.
El propio Presidente se ha impuesto una camisa de fuerza al proponer la posible ratificación de su mandato en las elecciones legislativas y locales de 2021. En dos años su proyecto no habrá rendido resultados. Lo que le permite tener una posibilidad de éxito es el vacío de oposición y las grandes esperanzas que una ciudadanía desesperada ha depositado en su persona. Pero los plazos de la política son cortos. La luna de miel que hoy vive el presidente no será eterna. Sobre todo si los proyectos de la “cuarta transformación” son una suma de anacronismos.
Información del autor: Alberto J. Olvera es Profesor Investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
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